Resumen: Se desestima el recurso interpuesto frente a la inadmisión de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por la recurrente,en su actividad de restauración, por falta de legitimación pasiva de la Administración autonómica, durante la vigencia del segundo estado de alarma comprendido entre el 22 de junio al 3 de noviembre de 2020 y desestimando la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada al no concurrir los presupuestos de la responsabilidad patrimonial. Se interesa en la demanda una indemnización de 87.814,41 €, conforme al informe pericial aportado en concepto de lucro cesante por el beneficio dejado de percibir en su actividad de restauración durante el periodo comprendido entre el 22 de junio y el 31 de diciembre de 2020. Se confirma la inadmisibilidad parcial del recurso al no poder imputar,a la administración autonómica demandada los daños que se reclaman en relación con el estado de alarma que no fue declarado por ésta. Se destaca por la Sala que nos encontramos ante un supuesto de responsabilidad del Estado-Legislador, pues los Reales Decretos de declaración de estado de alarma ostentan la naturaleza jurídica de disposiciones con valor de ley.Se desestima el recurso declarando que la inconstitucionalidad parcial del RD no determina,sin más el derecho al resarcimiento por responsabilidad patrimonial fundado en dicha declaración.Se destaca el carácter excepcional y limitado en el tiempo de las normas que declararon el estado de alarma.
Resumen: La actor impugna en este proceso la Orden Ministerial EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19 por entender que las limitaciones impuestas en la misma conculcan el derecho fundamental a la educación y a la integridad moral de su hijo menor de edad, con infracción de articulo 47, apartado primero letras a) y e), de la Ley de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común 39/2015. La Sala recuerda que La Orden Ministerial impugnada tenía como objeto o razón de ser conforme a su artículo 1 la adopción, para el ámbito educativo y de formación, lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y de sus sucesivas prórrogas. Se centraba en las actuaciones a desarrollar durante el tercer trimestre del curso escolar 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, en el ámbito de la educación no universitaria, sin perjuicio de las competencias que el ordenamiento jurídico vigente reconocía a las Comunidades Autónomas. Y concluye que, frente a una disposición normativa como la recurrida, dictada en el contexto en el que tuvo lugar, y dejando su materialización a las Administración educativas de las diferentes Comunidades Autónomas, el escrito de demanda carece de la necesaria precisión para establecer el nexo entre el derecho o derechos fundamentales y la redacción de la Orden, resultando del todo genérico pues se limita a denunciar la infracción del artículo 27 de nuestra Constitución, que incluye hasta diez apartados, siendo así que la demanda no identifica en cuál de los diez o respecto de cuál de los diez se materializa la vulneración del derecho.
